A partir de los años 80´s, en Chile se observó un cambio radical en el sistema eléctrico y en la forma cómo este generaba, transmitía y distribuía energía desde las grandes centrales hasta los puntos de consumo.

Las principales premisas que se tuvieron en cuenta a la hora de elaborar el plan de acción a seguir, fueron separar las actividades eléctricas del Estado, dejándolas en manos de agentes privados que permitieran promover la competencia en todos los segmentos, siempre y cuando fuese viable y posible.

Características que por medio de la práctica se hicieron necesarias, fueron, por ejemplo, evitar las economías de escala en generación para impedir que una central con mayor capacidad instalada pudiese tener la posibilidad de ejercer poder de mercado. Por el contrario, tomar esta  medida hacia que el precio de la energía no variara con la cantidad generada, sino que permaneciera constante ante los aumentos en la demanda.

En el segmento de distribución, se observa igualmente la casi inexistencia de economías de escala  sólo para empresas con distinto tamaño pero igual densidad de carga. Esto quiere decir que si se aumenta el área de cobertura pero se manejan los mismos volúmenes de carga distribuida, los precios no varían. Por el contrario, si el volumen de carga se hace más grande, el costo medio de esta actividad se ve reducido.

En el caso de la transmisión si se observa la existencia de importantes economías de escala, por lo cual este segmento del sistema se considera un monopolio natural. El esquema de regulación implementada en Chile para la actividad de transporte de energía será el tema que se tratará a continuación en este documento.

La necesidad de regular la actividad de transmisión y de distribución surge cuando estas redes son usadas por varios agentes. Es necesario resaltar que, si bien es cierto en algunos casos se presenta la situación en que muchos agentes productores y consumidores (como los industriales mineros por ejemplo)  instalan sus propias líneas de transmisión para poder realizar sus respectivas actividades, provocando esto que hayan pocas líneas compartidas, de cualquier modo existen normativas que pueden en algunas circunstancias obligarlos a poner sus redes a disposición para que otros transporten su energía por ellas, a cambio de una remuneración por prestar este servicio.

Esta remuneración que se le tiene que dar al transmisor en general es un tema de gran relevancia en el mercado eléctrico. Los costos que la ley impone a los usuarios de las redes tienen un impacto significativo en las decisiones de descentralización y es por esta razón que dichos precios deben ser fijados con sustentos técnicos válidos, transparentes y muy sencillos de entender.

Como es sabido, el segmento de transmisión se considera una parte de la etapa de generación, por lo cual las tarifas que le deben ser pagadas a este pueden ir incluidas en el precio mayorista. De la misma manera, también pueden ser cobradas en forma independiente, pero en cualquier caso la asignación de los costos se hace proporcionalmente al uso que estos hacen de las líneas para llevar o traer la energía, según sea el caso.  El sistema de costos que se debe diseñar en un mercado eléctrico debe ser eficiente, con tal de garantizar a los agentes el cubrimiento de la inversión en desarrollo y operación. El dinero que involucra un sistema de transmisión se relaciona con las líneas para conectar distintos puntos geográficos, subestaciones y protecciones, que en conjunto le dan confiabilidad al suministro de electricidad al usuario final. Las pérdidas de potencia que se presentan en las líneas significan así mismo perdidas monetarias, las cuales no corren a cuenta del operador de la red sino de quien las utiliza.

Por otra parte, el uso de terrenos por parte de la red de transmisión, ya sean propiedades privadas o de uso público, debe ser indemnizado con base en la regulación que existe en la ley eléctrica chilena, la cual le otorga al agente la capacidad de imponer servidumbre a cambio de cierto monto de dinero.  Esto evita que los precios que cobren los particulares por el uso de sus propiedades sean excesivos y eso termine a fin de cuentas traspasándose al consumidor.

Como se mencionó anteriormente, el segmento de la transmisión en el sistema eléctrico es  considerado un monopolio natural debido a la presencia de economías de escala. Esta característica se observa porque al hacer la instalación, las dimensiones de los conductores se diseñan con el propósito de permitir el paso adecuado de la potencia y al mismo tiempo dejar una holgura determinada, porque es sabido que la demanda aumentará con el tiempo. Esta denominada holgura proporciona seguridad y confiabilidad al sistema, lo cual debe ser remunerado, y a medida que la demanda crece, como lo muestra la Figura 1, estas características disminuyen y por tanto el costo medio de la transmisión se hace más bajo. El decrecimiento del precio de esta línea seguirá bajando hasta que sea necesario aumentar su capacidad, momento en el cual se repetirá el ciclo.

En la imagen se muestran dos formas distintas de inversión, una en la cual se necesita un mayor capital inicial pues se diseña una línea con mayor capacidad pero que sólo requiere de un solo aumento posterior, y otra en la que se usa un capital inicial más pequeño pero que necesita de dos aumentos posteriores. La decisión más eficiente parece ser la línea azul, pero esto depende del comportamiento esperado de la demanda y de otros factores ligados a esta.







































En este sentido, en vista de la existencia de economías de escala que acarrea un monopolio natural,  y del uso compartido de la transmisión, las autoridades decidieron regular esta actividad desde la disponibilidad que deben tener las instalaciones hasta los precios que se pueden cobrar por este servicio, con el objetivo de evitar que se cobren costos muy altos y que la calidad y cantidad de capacidad de transporte no sean suficientes.



Las características más importantes que se tuvieron en cuenta a la hora de establecer el esquema de precios que regiría la transmisión en Chile serán explicadas a continuación. La primera, pero no más importante, es la eficiencia económica. En general, consiste en diseñar un costo de manera que le sea asignado de forma correcta los recursos tanto al consumidor como al productor. El segundo factor es la suficiencia, que se satisface cubriendo satisfactoriamente el dinero que le cuesta al transmisor asegurar el suministro. La equidad es también un aspecto muy relevante pues si se cumple a cabalidad es una característica muy buena del mercado para los inversionistas, y consiste en no hacer diferenciación entre los agentes que hacen uso de las líneas, sino que cada uno pague proporcionalmente a la energía que transporta por estas. Por último, el sistema de costos debe ser fácilmente comprensible y simple, de forma que los que quedan cobijados puedan entender claramente los fundamentos técnicos y legales de los precios que están pagando.

Ahora, existen distintos tipos de redes de transmisión dependiendo del uso que se le da a estas. Hay las que son exclusivamente dedicadas a la generación, otras dedicadas al consumo, y otras que son usadas para ambas funciones. Esta última presenta cierto grado de complejidad a la hora de ser regulado, pues los criterios para establecer los precios deben ser justos para ambas partes y estar debidamente sustentados. En resumen, lo que se hace en estos casos es hacer un análisis de flujo de carga para determinar hacia donde se dirige con mayor frecuencia la potencia, es decir, si este estudio resulta en que la energía va la mayoría del tiempo entrando al mercado, los pagos querrán a cargo de la generación; pero si por el contrario se observa que está siendo mayormente evacuada del mercado, esto da pie para concluir que dicho tramo es más usado por el consumidor y por ende deberá ser pagado por el susodicho.

La regulación de la transmisión como leyes y normas propiamente dichas se encuentra establecida en el DFL N°1 de 1982 del Ministerio de Minería, y la modificación más importante que ha sufrido se encuentra contenida en la Ley N° 19.940 de marzo del 2004. La normatividad chilena se encarga esencialmente de definir derechos, deberes, prohibiciones, procedimientos y tarifas en lo que concierne a este segmento, y se explicará su funcionamiento con detalle más adelante.

La primera norma citada, la DFL N°1, aportó aspectos muy importantes a la regulación.  Primero que todo, fue en donde se identificó la transmisión como una actividad monopólica teniendo en cuanta las características ya mencionadas. Se contemplaba que todo sistema de transporte de energía eléctrica que usara bienes de servicio público para el trazado de sus instalaciones o que ejerciera servidumbre sobre propiedades privadas, se veía obligado a aceptar servidumbre de paso sobre cualquier usuario que necesitara hacer pasar su energía por sus instalaciones. Además, no había obligación alguna de realizar inversiones en  ampliaciones, en la medida en que los usuarios generadores o comercializadores  necesitasen más capacidad de transporte para sus respectivas funciones. En este caso el procedimiento era bilateral, es decir, ambas partes negociaban para llegar a un mutuo acuerdo en donde se buscaba pactar una remuneración para el transmisor a cambio de que este ponga a disposición una nueva línea o que amplíe la capacidad de una que ya se encontraba hecha, y en los casos de no lograr concertación se acudía a la autoridad que podía ejercer función arbitral con el fin de resolver el problema.

Por su parte, la Ley Corta I impone que todas las instalaciones de transmisión troncal y de subtransmisión son de servicio público y por tanto deben ser de acceso abierto para cualquier agente que requiera servirse de ella, mientras que los sistemas denominados adicionales aún siguen regidos por el hecho de estar o no concesionados.





 

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