La historia eléctrica de Chile data desde finales del siglo XIX. Sin embargo, los hechos que de cierta forma se pueden considerar relacionados con el cambio que se aplicó, son los ocurridos desde 1925, donde el Estado empieza a ejercer un papel regulador en el sistema eléctrico por medio de la puesta en marcha dela  Ley General de Servicios Eléctricos. En esta se habla claramente de los procedimientos para fijar las tarifas, lo cual se basa esencialmente en una rentabilidad del 15% del capital inmovilizado y que en aquel entonces se pagaba en pesos oro, que representaba una clausula automática de indexación.

Posteriormente, la Segunda Ley General de Servicios Eléctricos sale a la luz en el año 1931, aumentando el control del Estado por medio de la creación de la Dirección de Servicios Eléctricos. Con respecto a las tarifas, se estableció que el capital inmovilizado de cada empresa se debía fijar cada 5 años, y se podían solicitar nuevas tarifas si la rentabilidad no cumplía con el 10% por 3 años seguidos. Esto era un aspecto negativo, y sumado a que desapareció la facilidad de indexación con respecto a pesos oro y a la crisis de los años 30, llevaron a que las empresas privadas se fueran apartando del sector eléctrico.

Por esta razón, el Estado debió tomar el manejo de las actividades de generación y transmisión a su cargo, y debió hacer esfuerzos muy grandes para mantener tarifas que aseguraran buenos niveles de ingresos para las empresas eléctricas.

De esta forma, mediante el DFL N°4 de 1959, se establecen procedimientos para las concesiones y para la fijación de precios. En esta las tarifas manejan una taza de rentabilidad del 10%,  y se crea una comisión de tarifasen la que participan delegados del Presidente de la República, e las empresas, de los usuarios y de la Superintendencia de servicios Eléctricos.

En 1966, la fijación de tarifas eléctricas quedó prácticamente dependiente del Ministerio de Economía, y por esta razón, el manejo político de estas se sumó como un desincentivo más para que los privados no quisieran entrar a invertir en el sistema eléctrico chileno. A partir de esto, en 1971 se congelan las tarifas y debido a la gran inflación que había en ese entonces, muchas empresas tanto estatales como privadas enfrentaron importantes déficits y se creó un panorama con un grave estancamiento en el crecimiento del sector.

En 1974 y en los años sucesivos, se implementó un proceso para levantarse de esta situación, racionalizando empresas estatales y eliminando funciones que podían ser efectuadas en mejor forma por privados. Sin embargo, los cambios introducidos en estos tiempos no fueron suficientes para solucionar todos los problemas que impedían obtener la eficiencia adecuada.

ENDESA como ente monopólico del sector, empresas eléctricas estatales que impedían ejercer un efectivo control sobre ellas, manejo político de decisiones , tarifas ineficientes y un ambiente con una gran inflación que no permitía mejorarlas, eran características del estado que tenía Chile en ese entonces y que detenía el correcto progreso del país.

A partir de todos estos problemas, se traza una meta y objetivo a la que deberían apuntar todos los esfuerzos de mejoría del sistema eléctrico: lograr máximo bienestar de la comunidad por medio de la consecución de la eficiencia, en un marco de subsidiariedad del Estado. Es decir, llegar a que la asignación de recursos en la economía se haga de forma óptima en referencia al óptimo de Pareto.

La subsidiariedad del Estado implica que este no actúa siempre que existan otros agentes que puedan ejercer la misma actividad, pero siempre tratando de que exista cobertura apropiada de servicios a los sectores más desprotegidos de la sociedad.

En síntesis, las medidas que se tomaron para comenzar y avanzar en el proceso de levantamiento de la electricidad chilena, fueron la separación de los roles normativos y empresarial del Estado, la desregulación de la generación y la regulación de las actividades de transmisión y de distribución, lo cual se explicará con más detalle más adelante.









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