En este trabajo investigativo se han descrito los sistemas de inventivos para la disponibilidad en Colombia, el sistema usado en España, y la normativa existente con respecto a este tema  en la regulación eléctrica chilena vigente. Así mismo, se hizo una comparación entre las características que presentan cada uno de ellos, analizando cuáles son los puntos en común y cuáles son las diferencias  que tienen estos modelos.

Este paralelo obtuvo un resultado no muy inesperado. La normativa eléctrica española y colombiana están muy completas en el ámbito de la mantención de la disponibilidad de las líneas, explicando detalladamente los estándares de calidad a seguir en el transporte de energía, cómo se obtienen dichos límites, y las consecuencias de no cumplir con las exigencias mínimas. Sin embargo, se nota un pronunciado atraso en el caso chileno. En este, el sector eléctrico no establece ningún tipo de penalización monetaria que le signifique al empresario un aliciente para siempre prestar un servicio de excelente calidad.

A cada transportista operando dentro del territorio nacional se le calcula la cantidad de ingresos que percibirá por la prestación de sus líneas, para que tanto consumidores y generadores pasen su energía a través de ellas. Este capital es fijo, es decir, el propietario tendrá asegurada siempre dicha cantidad de dinero como remuneración por el desarrollo de su actividad, pues la transmisión es el “corazón” del mercado eléctrico y es de vital importancia que esta se pagada de forma clara y transparente.

Sí, es completamente acertado explicar de esa forma que la transmisión es algo muy relevante en el ejercicio del conjunto total de las actividades en un sistema eléctrico. Pero, es por esa misma razón que no sólo hay que velar porque sea remunerada de forma correcta para que sea un atractivo para los inversionistas, sino que también es necesario asegurarle al consumidor que hará uso de las instalaciones, que tendrá de forma continua el servicio que contrató y por el cual está pagando grandes sumas de dinero.

Lo anteriormente dicho es el verdadero enfoque de este trabajo, lograr hacer un análisis con base en los modelos estudiados y concluir si es necesario o no implementar una normativa semejante en la regulación de la transmisión Chilena.

En la organización actual del sistema eléctrico en Chile, la regulación por parte del Estado depende fuertemente de si hay riesgo de ejercer o no poder de mercado en alguna actividad. En caso de no encontrarse este riesgo, el Estado procura no intervenir o intervenir muy poco en las decisiones. Por otra parte, si se observan probabilidades de que haya monopolio o que algún agente ejerza poder de mercado, el Estado entrará en acción como ente regulador. Una de las razones más fuertes por las que se puede presentar monopolio o poder de mercado es la existencia de economías de escala o de densidad. Aterrizando este concepto al ámbito eléctrico, la generación es una actividad en donde se presentan muy pocos indicios de economía de escala, por lo cual esta actividad esta desregulada y se presta para la libre competencia entre todas las empresas participantes. Es esta misma competencia la que minimiza por sí misma el costo de la energía en Chile. Por otro lado, en el sector de distribución existe algo denominado economía de densidad, la cual permite que a medida que aumente el volumen de carga en determinada zona abastecida, el costo medio por unidad de energía distribuida disminuya, y es por esto que en este caso el Estado si debe regular el desarrollo de esta actividad.

En la transmisión, el hecho de que una línea con más capacidad tenga un costo medio por unidad transmitida menor al de una con menos capacidad, permite afirmar sin dudas que en este sector del sistema si  existen fuertes economías de escala. Por esta razón, se sabe que es un monopolio natural y como tal, debe estar presente el Estado regulando la explotación de la prestación de este servicio. Además, otra razón de mucho peso para que la transmisión necesite vigilancia es que las líneas son usadas por muchos agentes de forma simultánea, y es de vital importancia hacer que cada uno de ellos pague lo justo por el uso que hace de las instalaciones.

En este sentido, y volviendo al tema central, la regulación en general podría decirse que se encuentra en desarrollo y que está siendo bien llevada, pero sin embargo, debe empezar a ahondar más en aspectos relacionados a la calidad en el servicio de transporte.

El cambio que se tiene que hacer debería seguir los modelos español y colombiano pues estos han mostrado tener muy buenos resultados en la práctica. Cabe señalar que para hacerlo, no hay que dejar de lado muchas características buenas que tiene la regulación en el sector del transporte de energía, sino más bien fusionarlas con los aspectos sobresaliente de los dos países mencionados, de forma de aprovechar la experiencia que tienen ellos en esta materia para poder crear un esquema que sea lo más eficiente posible.

El procedimiento de remuneración actual de la transmisión tiene como principio, el pago del servicio proporcional a la cantidad de energía que cada agente transmite por las líneas, pues se puede decir que es la misma proporción que este usa de las instalaciones, y por tanto, es lo que parece ser más justo facturarle a cada uno. Los costos resultantes deben asegurarle al propietario el reembolso de su inversión inicial y operacional, lo cual se traduce en eficiencia económica y es una de las cosas que claramente se debe mantener si se decide implementar incentivos para la transmisión en Chile.

Lo que si se debe cambiar, como se sugirió antes, es el hecho que cada agente tenga seguras sus ganancias anuales. Las normas deben hacer que así como los usuarios deben pagar en función del uso que hacen del servicio, al transmisor se le pague en función de la calidad del servicio que ofrecen. Esto habría que materializarlo basándose en el mismo concepto que Colombia y España, es decir, exigiendo a cada propietario entregar a un organismo competente (Comisión Nacional de Energía), el registro de los eventos e indisponibilidades ocurridos en sus instalaciones y las causas de cada una de ellas.

De acuerdo a un estudio de las exigencias de los usuarios, se establecerían los estándares de calidad, que serían el objetivo a alcanzar por cada agente transmisor. Estos estándares serían básicamente unos límites máximos en el tiempo total de indisponibilidad y la cantidad de energía no suministrada durante cierto período de tiempo. Con la información entregada por cada empresa, se haría para esta el cálculo del tiempo acumulado y de la energía acumulada no suministrada. Los resultados se comprarían con los estándares, y si no se cumplen, se procedería, de forma análoga a los modelos estudiados, a hacer uso de una forma de cálculo de ingresos que involucre los índices de calidad y otros factores como el perjuicio a elementos que queden sin operar debido a la desconexión, o que refleje de alguna manera una disminución en la remuneración, proporcional a la gravedad del incumplimiento a las exigencias de calidad establecidas.

La diferencia entre los ingresos normales que recibiría un operador en caso de prestar un buen servicio, y los ingresos que realmente recibe, ajustados en la forma como se mencionó, se usaría para compensar a los consumidores afectados por la baja calidad en la transmisión en la forma que estipule la ley, la cual en Colombia y España es de un descuento en la facturación, pero que no debe ser necesariamente de la misma manera en Chile. En este orden de ideas, se necesitaría también  una forma de clasificar las desconexiones según las causas que las originen, porque no siempre sería justo incluirlas o tomarlas en cuenta para castigar el capital del propietario de las líneas.

Aspectos como la equidad entre todo los transmisores no se pueden perder, lo que quiere decir que todos deben estar sujetos de la misma manera al cumplimiento de la ley de incentivos, y a todos se le debe aplicar por igual y sin distinciones las consecuencias de su infringimiento, Además, todos las leyes que se hagan en esta materia deben ser muy claras de entender, y deben tener fundamentos técnicos de aplicación válidos y sólidos. Si bien es cierto que no se puede afirmar a ciencia cierta que la falta de incentivos para la buena calidad de la transmisión, se haya visto reflejada en Chile como frecuentes interrupciones en el suministro o como la falta de iniciativa por parte de los empresarios a invertir para mantener siempre sus líneas en el mejor estado, y disminuir lo más que se pueda las probabilidades de indisponibilidad, eso no es una razón para descartar totalmente las intenciones de aplicar este mecanismo. La demanda del país crece a pasos agigantados y el sistema eléctrico debe responder adecuadamente a estos cambios. Por tal motivo, más con objetivos preventivos que curativos, el Estado debe hacerse cargo de este tema si quiere que en un futuro, la expansión en la transmisión logre mantener siempre buenos niveles de calidad en el suministro de energía.





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